miércoles, 25 de noviembre de 2009

TELEFÓNICA Y LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS


Con 400.000 euros ha sancionado la Agencia de Protección de Datos a Telefónica Móviles España S.A.U. al haber incurrido en "la comunicación o cesión de los datos de carácter personal, fuera de los casos en que se permiten". Tiene la noticia entera aquí, o leyendo más.

Por una deuda inexistente, supuestamente contraída con Telefónica y Movistar en el año 1999
La Unión de Consumidores de Castilla-La Mancha-UCE consigue que la Agencia de Protección de datos sancione a Telefónica con 400.000 €
Por infracción grave del artículo 11.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos al haber incurrido en "la comunicación o cesión de los datos de carácter personal, fuera de los casos en que se permiten"

La Comarca
La Unión de Consumidores de Castilla-La Mancha-UCE ha tramitado la reclamación de un asociado por una deuda inexistente, supuestamente contraída con Telefónica y Movistar en el año 1999. El afectado había sido incluido irregularmente en un registro de morosos, lo que motivó el inicio de actuaciones jurídicas por parte de UCE contra la empresa de reclamación de pagos Aktiv Capital y su filial Treym Consulting S.L.U, a quien Telefónica vendió en diciembre de 2007 un paquete con las deudas de diversos clientes.


La Agencia de Protección de Datos, tras tener conocimiento de la denuncia de UCE, ha impuesto una sanción de 400.000 euros a Telefónica Móviles España S.A.U, por infracción grave del artículo 11.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos al haber incurrido en "la comunicación o cesión de los datos de carácter personal, fuera de los casos en que se permiten". La resolución de la Agencia plantea que Telefónica "cedió los datos del denunciante sin comprobar de modo fehaciente la condición de deudor del mismo", hechos todos ellos muy graves que han justificado la sanción económica.


El asociado de UCE, afectado por esta situación, ha estado durante varios meses recibiendo llamadas y cartas en las que se le exigía el pago de la presunta deuda. Esto motivó que los servicios jurídicos de UCE se pusieran en contacto con la empresa de reclamación Treym Consulting S.L.U, indicando que la deuda era inexistente y, por tanto, no podían incluir al afectado en un registro de morosos, solicitando la anulación de sus datos personales de cualquier fichero.


Por su parte, Treym Consulting S.L.U se limitó a acreditar la cesión de crédito de Telefónica, aportando escritura notarial. Finalmente, y ante la negativa de atender a los requerimientos de UCE, se instó denuncia en la Agencia Española de Protección de Datos en la que se indicaba la inexistencia de la deuda, tras haber pasado nueve años desde su emisión y nunca haber requerido al presunto deudor.


UCE recuerda que, de conformidad con la Ley de Protección de Datos, el ciudadano siempre puede oponerse al tratamiento de sus datos personales y exigir su derecho de oposición, acceso, rectificación o cancelación. En los casos tramitados se ha comprobado que la deuda, objeto de reclamación, era superior a seis años y, en consecuencia, no era susceptible la cesión de datos.


En la resolución de la Agencia se especifica que muchos de los datos cedidos a la empresa de cobro eran erróneos, correspondientes a clientes de Telefónica que no mantenían ninguna deuda con dicha entidad. Hay que recordar que para ceder los datos de un supuesto moroso sin su consentimiento, la deuda deber ser cierta, vencida y exigible.


Argumentos jurídicos valorados por la Agencia de Protección de datos para obtener una resolución favorable a los intereses del afectado.

UCE se encuentra satisfecha por la resolución obtenida, pues ha sido un importante logro de los servicios jurídicos de la organización, que ha servido para evitar los abusos y vulneración de derechos que los operadores de telefonía realizan con los ciudadanos; además, espera que no se vuelvan a producir hechos similares. No obstante, se recomienda a todos aquellos ciudadanos que se encuentren en una situación parecida que denuncien estas irregularidades ante las oficinas provinciales de UCE y la Agencia de Protección de Datos.

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